En la actualidad, nos encontramos inmersos en un contexto en el que el Estado ha adquirido una voracidad sin precedentes en lo que respecta a la recaudación de impuestos. Esta situación plantea una serie de interrogantes y preocupaciones acerca de los límites del poder estatal y el impacto que tiene sobre los ciudadanos y la sociedad en su conjunto.
El Estado, en teoría, tiene la responsabilidad de garantizar el bienestar y la seguridad de sus ciudadanos, brindando servicios esenciales como educación, salud y seguridad. Sin embargo, en la búsqueda de cumplir con estos objetivos, el Estado ha incrementado su intervención en la economía y ha aumentado la carga tributaria sobre los ciudadanos de manera desproporcionada.
En los últimos años, hemos sido testigos de un incremento exponencial en la carga tributaria impuesta a los ciudadanos. Los impuestos, concebidos originalmente como una forma de financiar los servicios estatales, se han convertido en una herramienta de extracción de recursos de manera indiscriminada. La voracidad estatal ha llevado a una situación en la que los ciudadanos se ven obligados a destinar una gran parte de sus ingresos para cubrir las demandas del Estado, limitando así su capacidad de ahorro, inversión y crecimiento económico.
Este exceso de impuestos no solo afecta a los ciudadanos individualmente, sino también a las empresas y emprendedores. La carga tributaria excesiva actúa como un freno para la iniciativa privada, desincentivando la inversión y la generación de empleo. Además, este escenario propicia la aparición de la economía sumergida y la evasión fiscal, ya que los ciudadanos buscan alternativas para aliviar el peso de los impuestos en sus bolsillos.
La voracidad del Estado en la recaudación de impuestos se sustenta en un gasto público desmedido y muchas veces descontrolado. Los gobiernos, en su afán de satisfacer demandas cada vez mayores, han incrementado el tamaño de la burocracia y han implementado políticas públicas costosas y poco eficientes. Esta espiral de gasto sin control crea una necesidad constante de ingresos adicionales, lo que a su vez justifica mayores impuestos.
Es fundamental recordar que los ciudadanos no son meros súbditos a los cuales el Estado puede exigir tributos de manera ilimitada. Los ciudadanos son individuos con derechos y libertades, y el pago de impuestos debe estar basado en principios de equidad y proporcionalidad. Es responsabilidad del Estado garantizar que los impuestos sean utilizados de manera eficiente y transparente, con el fin de brindar servicios de calidad y promover el bienestar general.
Es fundamental que los ciudadanos ejerzan su rol activo y demanden transparencia, eficiencia y equidad en la gestión de los recursos públicos. El Estado debe rendir cuentas y utilizar los impuestos de manera responsable, garantizando que los servicios esenciales sean brindados de manera eficiente y priorizando el bienestar de la sociedad en su conjunto.
Es necesario repensar el papel del Estado en la sociedad y buscar un equilibrio adecuado entre sus funciones y la libertad individual. La voracidad estatal debe ser controlada y los impuestos deben ser utilizados de manera justa y proporcional, respetando los derechos y libertades de los ciudadanos.
Sobre la excesiva voracidad del estado, a la hora de recaudar, se refiere el pensador Fabián Barrio en su canal con la claridad y el humor acostumbrado.
